El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, denunció el martes que un “consorcio de jueces y abogados” buscó favorecer con "extrañas" medidas jurídicas al excoronel de la Policía, Gonzalo Medina, investigado por el presunto vínculo con el acusado por narcotráfico, Pedro Montenegro; e investigado por el caso Eurochronos.

En conferencia de prensa, Murillo explicó que el pasado 27 de marzo se realizó una audiencia en un tribunal de garantías de Santa Cruz, donde Medina fue beneficiado con "libertad para que se pueda ir a su casa sin guardias ni ninguna seguridad"; sin embargo, tras detectarse “amenazas de muerte” en su contra, fue trasladado al penal de Chonchocoro de La Paz y se revirtió la decisión de otorgarle medidas sustitutivas.

El mismo sábado, el Ministerio de Gobierno presentó una denuncia contra los jueces del mencionado tribunal, Ismael Burgos Olmos y Lilian Zabala Zambrana, además del abogado del imputado, Walter Julio Suárez Chávez, por el delito de consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados.

Y "extrañamente" -según el ministro Murillo-  el mismo día y habilitando horas extraordinarias, los mismos jueces que le dieron la libertad a Medina, también decidieron quitarle esa condición.

"Además el señor Suárez Chávez, apenas nosotros metimos la denuncia (por consorcio) ante el Ministerio Público, sacó un mensaje en twitter indicando que el Ministerio de Gobierno lo persigue, eso demuestra de que hay nexos y contactos con miembros del Ministerio Público", manifestó.

Asimismo, señaló que Suárez Chávez tiene una “vinculación directa” con el exministro de la Presidencia Jerjes Justiniano.

"Nos enteramos que el abogado Suarez tiene una vinculación directa con el doctor Jerjes Justiniano (exministro de la Presidencia),  trabajan en el mismo buffet, hay varios casos que llevan en conjunto y firma Suárez", remarcó Murillo, a tiempo de asegurar que hasta algunos periodistas estarían metidos en ese grupo.

El excoronel Medina fue trasladado el pasado fin de semana de la ciudad de Santa Cruz a La Paz para ser recluido en la cárcel de Chonchocoro, el Ministerio de Gobierno explicó el traslado, asegurando que, según su sistema de inteligencia, gente vinculada al narcotráfico planificaba acabar con su vida.