Política

“Como ciudadano y expresidente del Estado Plurinacional, pido al presidente electo que, una vez asuma su mandato, convoque a un Referéndum Nacional Vinculante, en el marco del artículo 4 de la Constitución Política del Estado, para consultar al pueblo si está de acuerdo con entregar Bolivia a EEUU y sus países aliados bajo el pretexto de “ayuda””, señaló Morales.

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, precisó que la seguridad durante los actos oficiales será responsabilidad de la Unidad de Seguridad de Dignatarios del Estado (USEDI), cuerpo especializado encargado de la protección de las máximas autoridades nacionales y extranjeras.

El Presidente electo del Estado ganó en el balotaje en seis de los nueve departamentos: La Paz, Oruro, Potosí, Tarija, Chuquisaca y Pando. En cambio, Quiroga se impuso en Santa Cruz, Tarija y Beni.

“No vamos a permitir que la subvención se toque mientras no se estabilice la economía del país.  Es lamentable que los errores la paguen la clase empobrecida”, aseveró el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo.

Este trabajo se hará en apego al decreto supremo 5475 aprobado este miércoles y que, precisamente, define la ruta para la transición de gobierno y la transmisión de mando presidencial, con miras al 8 de noviembre, cuando Rodrigo Paz asumirá la presidencia de Bolivia.

“Si sumamos PDC y Libre se tiene no solo mayoría, sino 2/3 de cada cámara para hacer política de Estado. Vamos a ser leales, demócratas pensando en el país primero”, sentenció el candidato a la presidencia por la Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga.

“En ningún momento hemos hecho alusión a un fraude. Hemos dicho que hemos conocido de algunas observaciones, nosotros no estamos poniendo en duda ni cuestionando el trabajo electoral”, señaló Rodrigo Loma, el delegado de la Alianza Libre.

El 15 de octubre de 2025, la Ley fue aprobada, y la presidenta en ejercicio del Senado, Gladys Alarcón, ordenó su remisión al Ejecutivo para su promulgación a pesar de que se introdujo modificaciones al proyecto inicial aprobado en Diputados el 12 de septiembre.

La Central Obrera Boliviana también rechazó modificar la Ley General del Trabajo, la privatización de la salud y la educación y la "persecución" a cualquiera de sus dirigentes.

El proceso penal iniciado por la Alcaldesa de El Alto contra Ponciano Santos era por el delito de violencia política. El caso surgió después de que el dirigente evista llamó “mujerzuela” a Eva Copa en respuesta a su rechazo de que una de las marchas del evismo pase por esa ciudad.