El vicepresidente del Estado señaló que pese a que la norma fue promulgada y estaba en plena vigencia, su aplicación quedó paralizada por “una acción de inconstitucionalidad presentada por un diputado que responde a los intereses de los grupos más poderosos de este país, específicamente de los banqueros”, lo que, dijo, derivó en embargos, desalojos y procesos judiciales contra familias “que debían estar protegidas por la ley”.