Política

En la misiva, la Alianza Popular afirma que la inasistencia se debe a “razones impostergables vinculadas al proceso de construcción colectiva de nuestra propuesta nacional”.

Esta labor la realizarán los nueve tribunales electorales departamentales para las mesas de sufragio en territorio nacional, mientras el Tribunal Supremo Electoral estará a cargo del sorteo para las mesas de sufragio en el exterior.

La noche del lunes, Manfred Reyes Villa, candidato a la presidencia por APB- Súmate, denunció que cuando realizaba un acto de campaña fue víctima, junto a sus candidatos y militantes, de un ataque con granada de gas.

“El sábado tuvimos un ampliado, se ha decidido, sin la agrupación ‘Evo Pueblo’ no hay democracia y si Evo no está en la papeleta no hay elecciones”, señaló Morales.

“Los jueces tienen que ser drásticos en las resoluciones que se tienen que emitir si es que se llega a aprehender a este tipo de personas que llaman a la sedición y generar violencia”, afirmó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo.

“Se ha realizado un estudio de inteligencia para definir los municipios en los que existe un mayor riesgo, uno de ellos es Villa Tunari, además de Sacaba, Shinaota y Chimoré. Tenemos otras comunidades mineras e indígenas, fundamentalmente en Llallagua (Potosí). En Santa Cruz también figuran Yapacaní y la zona del Plan Tres Mil”, afirmó el viceministro de Régimen Interior y Policía, Johnny Aguilera.

La exautoridad padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad progresiva que ha afectado completamente su sistema motor.

El titular de la estatal petrolera aseguró que YPFB continúa introduciendo combustibles para el país “de acuerdo a los recursos habilitados”, priorizando el ingreso por el puerto de Arica, en Chile, donde el costo es menor. Además, se mantienen activas las rutas de importación desde Perú, Paraguay y Argentina.

La audiencia estaría fijada para el próximo 21 de julio y el recurso fue presentado por la ciudadana Marlene María Sierra Terán, quien pide la inhabilitación de candidatos que ejerzan cargos públicos.

La propuesta, aprobada por el gabinete y enviada a la ALP, modifica los artículos 261 y 262 del Código Penal, estableciendo sanciones más severas para quienes, por imprudencia o consumo de alcohol o drogas, provoquen accidentes con consecuencias graves o fatales.