Política

Entre los casos denunciados por el Viceministerio de Transparencia está la venta de una aeronave por 7,4 millones de dólares, cuando su valor real superaría los 20 millones.

La Ley fue elaborada por el anterior Gobierno de Luis Arce. La actual administración de Rodrigo Paz adelantó que lo utilizará durante el primer trimestre del 2026 y presentará un nuevo Proyecto de Ley para que sea aprobado por el Legislativo. “El problema es que no podemos dejar al país sin presupuesto y al Gobierno sin funcionamiento”, afirmó el Ministro de Economía.

La exdirectora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) denunció que tuvo una relación con el expresidente después de su salida de la institución estatal y fruto de ello quedó embarazada. No obstante, señaló que Luis Arce negó ser el padre de su hijo y la terminó “bloqueando” de toda red social para evitar la comunicación.

La citación se da en medio de la polémica iniciada respecto a que Margot Ayala fue parte del Gobierno de Evo Morales durante 10 años (2009-2019) y admitió haber evidenciado hechos de corrupción en el área de hidrocarburos, aunque, dijo, no las denunció por temor.

“Quiero ser enfático y decirle a Rodrigo que los potosinos y Fencomin a nivel nacional no vamos a tolerar sus estupideces. Gracias a estos mineros, Bolivia todavía está de pie (…), los potosinos, compañerito, le hemos sacado a Evo Morales y no estamos lejos de sacarte a ti si no tenemos respuesta”, advirtieron dirigentes del  sector.

“Estamos haciendo el trabajo que Rodrigo Paz no está haciendo, de iniciar los procesos legales. Lo que no podemos hacer es denunciar únicamente y decir que se han robado la plata, pero no iniciar procesos legales”, manifestó la diputada de la Alianza Libre, Lissa Claros, principal denunciante del caso.

Mediante uno de sus acostumbrados videos subidos a las redes sociales, el vicepresidente del Estado señaló que recibió esa información desde la propia Policía boliviana.

María Claros había sido inhabilitada tras la etapa de impugnaciones, por lo que decidió presentar un amparo constitucional ante un tribunal de Santa Cruz, que aceptó la causa y dispuso la medida cautelar de ordenar a la Comisión legislativa su habilitación provisional.

El empadronamiento biométrico masivo comenzó el 4 de este mes y concluyó la noche del martes. De acuerdo con el director del Serecí, David Dávila, el registro de más de 231.500 personas, entre nuevos votantes y aquellos que cambiaron de domicilio, es menor de lo que se había estimado, pues se esperaba más de 300.000 participantes.

“Expreso mi preocupación debido a los créditos que se están aprobando. No es porque queramos ponerle tranca a Rodrigo Paz, sino que junto a Rodrigo Paz prometimos al país no endeudarlo más (…) Quien más está endeudando al país es Rodrigo Paz”, aseveró el vicepresidente del Estado, Edmand Lara.