Política

En ese contexto, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada; el ministro de Justicia, Iván Lima; representantes del Ministerio de Gobierno; del Tribunal Supremo Electoral (TSE); la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz; delegados de la Asociación de Mujeres Asambleístas Departamentales (Amadbol); y de la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol) firmaron el documento.

El diálogo entre el Gobierno y la COB se desarrolla sin la presencia de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), que había pedido reunirse con el presidente del Estado, Luis Arce, para explicar su rechazo a que haya incremento salarial durante esta gestión.

El pedido de Carvajal llega después de que se reportara que la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDHB) supuestamente afín al Movimiento Al Socialismo (MAS) fue avalada como instancia veedora del proceso de selección del defensor del Pueblo, a cargo de la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

El pasado lunes, a través de un escrito publicado en sus redes sociales, Roxana Lizárraga - exministra de Comunicación en el Gobierno de Jeanine Añez- afirmó que es una perseguida de la Fiscalía aunque, señaló, duda que sea por decisión del actual Gobierno.

La comitiva boliviana, encabezada por el Canciller Rogelio Mayta y el agente Roberto Calzadilla, tomarán la palabra este lunes 4 de abril en la primera ronda de alegatos orales contra Chile, ante la Corte Internacional de Justicia. La Audiencia Orales se llevarán adelante de manera presencial y virtual entre el 1 y el 14 de abril.

En el marco del proceso investigativo por la quema del Tribunal Electoral Departamental de Potosí, que se registró en noviembre de 2019, la Comisión de Fiscales solicitó a la Universidad Autónoma Tomás Frías la lista de estudiantes de la Federación Universitaria Local (FUL) de aquel entonce

“Cada pregunta le cuesta al Estado 1,7 millones de dólares; entonces, cada pregunta adicional no solo implicaría la erogación de más recursos, sino también incrementar el tiempo en el llenado de cada encuesta (40 minutos) y aumentar el número de encuestadores”, explicó el director del Instituto Nacional de Estadística, Humberto Arandia.

La Defensoría pide a la Comuna que atienda las demandas de los padres de familia sobre reparaciones de la infraestructura educativa y de dotación de materiales de bioseguridad contra la pandemia de la COVID-19 en los colegios, ante el retorno a las clases presenciales.

La norma establece la obligatoriedad de presentar el carnet de vacunación en entidades públicas municipales y actividades económicas. las personas que no se hayan vacunado deberán presentar una prueba PCR negativa que haya sido emitida con 48 horas de anticipación.

En el último informe emitido el 6 de marzo se estableció que en Bolivia está predominando la subvariante BA.1 de Ómicron en un 90%. Con esa cifra, la BA.1 “desplazó a la variante Delta a solo 7%”.