Política

En cuanto al resto de los departamentos, el Ministro de Salud afirmó que la tendencia nacional descendente continuará; sin embargo, exhortó  a la población a mantener las medidas de bioseguridad y a acudir a los centros de vacunación contra el COVID-19.

El Vocero presidencial aseveró que Carlos Mesa busca no ser juzgado por su participación "visible" en el presunto golpe de Estado del 2019.

El actual Alcalde de La Paz es procesado por un supuesto nombramiento ilegal de un funcionario público cuando era ministro de Obras Públicas, en la gestión 2020. La Fiscalía de La Paz solicita arraigo, pago de 30 mil bolivianos de fianza, firma ante las autoridades cada 15 día, entre otras.

Ayer, el senador Henry Montero de Creemos y el diputado Gabriel Antonio Colque del MAS se agarraron a puños en pleno hemiciclo parlamentario.

El Presidente hizo el anuncio a través de su cuenta de Twitter. Señaló que para la adquisición del medicamento ruso se invirtió 10,8 millones de dólares.

“La ALP ratifica su confianza al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, tras su interpelación con relación a la detención de Jeanine Añez”, confirmó la Cámara de Senadores. En su interpelación, el Ministro de Gobierno afirmó que en el país hubo un golpe de Estado y aprovechó la oportunidad para “honrar” y pedir justicia por las víctimas de las “masacres” de Sacaba, Senkata y Pedregal.

La planta de oxígeno medicinal producirá 30 botellones por día y está ubicada en el campus universitario de Cota Cota.

La autoridad indicó que varias empresas resultan perjudicadas por esas adquisiciones que carecen de respaldo legal, es decir no tienen un contrato firmado que les permita exigir el pago por el suministro de bienes y servicios otorgados durante el Gobierno de Añez.

“El senador Henry Montero (Creemos) agredió físicamente a varios parlamentarios de la Asamblea Legislativa Plurinacional, entre ellos un representante indígena de la tercera edad”, señala un mensaje publicado por el Ministerio de Gobierno en su cuenta oficial del Twitter.

Desde el 29 de noviembre de 2019 hasta el 27 de febrero de 2020, Áñez y su gabinete firmaron los decretos 4090, 4116 y 4168 para justificar la compra de agentes químicos represivos. Compra que luego se supo se efectuó con un sobreprecio de más de 2 millones de dólares.