La expresidenta del Senado respondió al líder de Comunidad Ciudadana, quien se había quejado porque no le dejaron entrar a la Sala de Prensa de la Cámara Alta para dar una conferencia de prensa junto a los legisladores de la alianza opositora.
“Se ratifica la validez e importancia del peritaje requerido por la Fiscalía General del Estado a la Universidad de Salamanca, realizado dentro de un proceso judicial que soberanamente lleva adelante el Estado boliviano en el marco de su legislación (...) que no es cuestionable bajo ningún argumento del Señor Almagro", señala parte de un extenso comunicado de la Cancillería.
“Es una fianza que tiene que ser cubierta bajo la regla NEVIA, con dinero limpio, es decir, debe ser demostrada la licitud del dinero con el cual el señor Murillo debería pagar esta fianza”, aseveró la autoridad estatal.
“Denuncio que el presidente masista de la Cámara Alta, PROHIBIÓ mi ingreso a la sala de prensa del legislativo para dar una conf de prensa sobre propuestas económicas de CC. Como expresidente, presidente de CC y como ciudadano tengo derecho a expresarme en la casa de los bolivianos (sic)”, dijo Carlos Mesa a través de su cuenta en Twitter.
Las organizaciones sociales dieron a conocer su pronunciamiento este lunes desde la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), en compañía del presidente nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales
En días pasados, la Comisión de Fiscales que investiga el caso recibió la declaración informativa del excoordinador político nacional de Comunidad Ciudadana (CC), José Antonio Quiroga, y del asesor de Jorge Quiroga Ramírez, Luis Vásquez Villamor.
Su primera audiencia se desarrolló la mañana de este lunes. La exautoridad está acusada por los delitos de soborno y lavado de dinero vinculado a la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos durante su gestión.
A través de un largo documento, la OEA intenta refutar el informe de la pericia española encargada por la Fiscalía boliviana y que sirvió de base para el pedido del sobreseimiento de todos los involucrados en el caso del fraude electoral.
El exministro del Gobierno de Jeanine Añez podría afrontar hasta 20 años de cárcel. Es acusado por los delitos de soborno y lavado de dinero vinculado a la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos durante su gestión.
La denuncia apunta contra Mauricio Macri, Marcos Peña y funcionarios de la gestión Cambiemos por el envío de armas en forma ilegal a Bolivia durante noviembre del 2019.
