Política

El ‘cabildo ciudadano’ realizado en Santa Cruz definió entrar en un paro indefinido a partir del 17 de enero si el Gobierno no cumple una serie de demandas. La Viceministra de Comunicación afirmó que la población tiene preocupaciones por el agio y especulación de algunos productos de la canasta familiar y ese tipo de anuncios solo tienden a agravar esta situación.

El Ministerio de Justicia es parte denunciante dentro de este caso y la cabeza de esa instancia, César Siles, adelantó que entre esta y la siguiente semana la Fiscalía de Tarija “tendrá que emitir un acto conclusivo, una imputación es lo más probable, también puede ser un rechazo”.

“El pueblo ansía una Policía renovada, que deje atrás prejuicios y sea símbolo de integridad. Sueña con una institución que defienda su soberanía frente a cualquier interés externo, que sea baluarte contra el crimen y las amenazas internas y externas. Esta nueva Policía será tecnológicamente avanzada, altamente capacitada, incansable en su labor (…), esta es la Policía que Bolivia espera y merece”, dijo el mandatario.

Este nuevo sistema fue implementado -de manera inicial- en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. Se prevé que en la segunda fase llegue a otros departamentos y ciudades intermedias, como la ciudad de El Alto.

“Nosotros no invitamos para ser candidato presidencial a nadie, pero sí invitamos al Andrónico, a cualquiera a las bases, a los militantes para que se unifiquen, para que se sumen y no estén dividiendo votos”, afirmó Grover García.

Entre las demandas del ‘cabildo’ cruceño está la liberación del gobernador Luis Fernando Camacho y los “presos políticos”, la realización de un nuevo censo y que se anule la sigla del Movimiento al Socialismo.

Con una inversión de $us 78,3 millones, el proyecto estima un recurso potencial de 1,05 trillones de pies cúbicos (TCF, por sus siglas en inglés) de gas natural.

La pasada semana se conoció que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió autorizar la extradición a Estados Unidos de Maximiliano Dávila, quien fuera el jefe antidroga del Gobierno de Evo Morales y es acusado por delitos vinculados al narcotráfico.

El dictamen de la Sala Cuarta del TCP, conformada por los magistrados Gonzalo Hurtado y René Espada, declara “nulos de pleno derecho todos los actos y resoluciones posteriores a la SCP 0770/2024-S4, así como aquellos contrarios a la misma, que tenga por finalidad someter a nuevo análisis el objeto ya resuelto; y por consecuencia, eludir, impedir o distorsionar su cumplimiento”.

En conferencia de prensa, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, detalló que esta nueva industria estatal, estará conformada por diferentes componentes que serán emplazados en los municipios de El Alto, Caranavi e Ixiamas.