El comunicado está firmado, entre otros, por los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga; el actual alcalde de La Paz, Iván Arias; el exprefecto de Santa Cruz, Rubén Costas; y el exlíder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina.
La juez recordó a la Policía y al Ministerio Público que están impedidas de realizar “cualquier acción u omisión que lesione o ponga en peligro el derecho a la vida y la salud” de Fernando Camacho.
Según el Presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz la reunión se realizará entre el miércoles y el viernes de la próxima semana y no descartó que se definan acciones como los bloqueos indefinidos de carreteras.
“El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas recuerda que el tipo de cambio del boliviano es estable y no ve ningún indicador que apunte a una devaluación”, señaló el Ministerio de Economía a través de una publicación en su cuenta oficial en las redes sociales.
Lima recordó que el caso denominado ‘Golpe de Estado I’ data de octubre del 2020 y fue enfático en señalar que el Ministerio Público no tenía más opción que emitir la orden de aprehensión puesto que Camacho no se presentó a declarar en cuatro citaciones diferentes, tanto en La Paz como en Santa Cruz.
El activista de Derechos Humanos y representante de víctimas de Senkata, David Inca, precisó que la petición será planteada en las siguientes horas para que Camacho, expresidente del Comité Pro Santa Cruz, rinda cuentas por los hechos violentos que se registraron entre octubre y noviembre de 2019.
Para la Conferencia Episcopal Boliviana, la aprehensión de Luis Fernando Camacho, al ser éste Gobernador de Santa Cruz, se constituye en un ataque a ese departamento y quiénes votaron por su autoridad.
El Presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz reprochó la decisión judicial de haber enviado a Camacho a la cárcel de Chonchocoro por cuatro meses y aseveró que “todas las cosas que hace el gobierno es ilegal”.
