En octubre, el Ministerio Publico emitió una resolución formal de imputación en contra del exalcalde de La Paz por los delitos de uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes por el presunto sobreprecio en la adquisición de 61 buses Pumakatari en la gestión 2012 - 2013.