Política

El Vocero Presidencial aludió a la ausencia del gobernador Luis Fernando Camacho, quien, al igual que lo hizo en la reunión del Consejo Nacional de Autonomías del 12 de julio, no participa del encuentro que se celebra este viernes en Cochabamba.

La Defensoría exhortó también a los movilizados a expresar sus demandas “respetando el derecho a la salud, a la alimentación y respeto a la vida humana”.

“El 2021 el Gobierno emitió un decreto declarando prioridad nacional en 2022, ¿cómo no vamos a poder preparar un censo en tres años?, con la tecnología que tenemos hoy. Antes, el año 1976, se preparó en seis meses, voy a demostrar eso”, dijo el Alcalde de La Paz.

El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, confirmó que ya arribaron a la capital cochabambina los alcaldes de La Paz, El Alto, Cobija, Sucre, Trinidad, Santa Cruz, Potosí, Oruro y Tarija, además de ocho gobernadores - el único ausente es el de Santa Cruz, Fernando Camacho-, los rectores de las universidades públicas y las autoridades de las autonomías indígenas y de la autonomía regional del Gran Chaco.

La Confederación de Empresarios afirmó que el Gobierno es responsable de “dar solución a la agenda ciudadana, sin ningún tipo de discriminación, ni privilegio, priorizando el diálogo y evitando así la adopción de medidas de presión que pongan en riesgo la paz en el país”.

A través de un pronunciamiento, René Leigue afirma que es “lamentable vivir una situación de dolor y de sufrimiento provocada por el desacuerdo existente sobre la fecha del Censo”.

El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, informó que ocho de nueve gobernadores y los alcaldes de 10 ciudades capitales, más El Alto, confirmaron su asistencia. El gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, no participará en el encuentro.

“El Censo es un pretexto para el señor Calvo y el señor Camacho. Hay varias autoridades que fueron a Santa Cruz para ver qué porción le va a tocar si hay un golpe de Estado”, afirmó el Ministro de Obras Públicas.

“Ninguna medida de protesta de cualquiera de los actores involucrados en el conflicto, puede restringir o vulnerar los derechos humanos individuales o colectivos; el derecho a la alimentación, salud y el acceso a los servicios públicos básicos, además de otros derechos, no pueden ser afectados en su libre ejercicio", señaló la Defensoría.

“Esperemos que el Gobierno escuche el clamor, ya no solo de Santa Cruz, si no del pueblo boliviano y que deje de hacer daño a la población tomando estas medidas ilógicas que no piensan en los bolivianos”, afirmó el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo.