El alcalde de La Paz, Iván Arias, destacó que la realización de las elecciones “fue incuestionable”, dado que ningún actor político puso en duda la validez de los resultados finales.
“En esta instancia, estamos en revisión de la admisibilidad. Tengo entendido que en esta semana el magistrado va a emitir su resolución. Si cumple todos los requisitos, ingresaremos al fondo”, informó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo.
“El estudio primigenio mostró que el pasaje podría subir fácilmente a 20 o 25 bolivianos. Hoy la población paga 3 bolivianos por un servicio de calidad”, aseveró el gerente ejecutivo de la Empresa Estatal de Transporte Mi Teleférico, Alejandro Gonzales.
El ex alcalde de La Paz aseguró que puede demostrar su inocencia en los casos que se siguen en su contra, “pero solo si existe una justicia que busque la verdad de los hechos, y no la destrucción del adversario mediante el uso y la manipulación de los operadores de justicia”.
El reporte de la Gobernación cruceña da cuenta que el avance físico de los trabajos apenas alcanza el 26,30%, cuando el cronograma inicial establecía un 50,27% a estas alturas del año. De mantenerse el ritmo actual, la obra llegaría solo al 37,98%.
El asesor financiero del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Gabriel Espinoza, fue consultado sobre la viabilidad de otorgar un bono mensual de 2.000 bolivianos a los sectores más empobrecidos, como prometió Lara, y reconoció que ello “era una propuesta que surge en campaña”.
Ayer, sábado, Edman Lara, candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), advirtió con quitar su apoyo a su compañero de fórmula, Rodrigo Paz, si confirmaba que éste estaba aliado con gente cercana a Samuel Doria Medina y Marcelo Claure.
“El compromiso era con la democracia, con la libertad y lo hemos sostenido públicamente, ya no va a haber un Órgano Judicial que sea el instrumento de persecución ni de derecha ni de izquierda, la Justicia se aplica para todos los órganos sin excepción”, afirmó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo.
“Estas acciones nos obligan como Gobierno Nacional - que se debe a los sectores populares -, a realizar todo lo necesario para impedir que se deniegue justicia a las víctimas de las masacres y que los responsables no queden en la impunidad”, enfatizó la ministra de Justicia y Transparencia Institucional, Jessica Saravia.
