Seguridad

Actualmente, el exjefe policial enfrenta cargos por legitimación de ganancias ilícitas. Sin embargo, su nombre estaba mencionado en un informe de la DEA sobre tráfico internacional de drogas.

No se conoce oficialmente el estado de salud de los uniformados, que reciben atención médica en un hospital local

La Fiscalía Anticorrupción y contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas de Cochabamba emitió órdenes de aprehensión en contra del exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), José María Velasco; del exjefe nacional de Umopar, Jaime Arancibia; y del exjefe de Umopar Chapare, Yerko Terán.

Sanabria fue aprehendido en el 2011 en Panamá y cumplió una condena de nueve años de cárcel en Estados Unidos por un presunto traslado de cocaína el 2011. Fue hasta el 2021 que regresó a Bolivia para enfrentar a la justicia. Fue sentenciado por los delitos de tráfico de sustancias controladas, uso indebido de influencias y legitimación de ganancias ilícitas.

Los tres aprehendidos fueron identificados como Jhohan U.J. de 17 años de edad,  Jhohan L. de 20 años y Bernhard F. de 25 años, quienes son investigados por el delito de Violación Agravada.

Terán es el coronel que lideró el operativo en Valle Sacta (Cochabamba) el 25 de marzo, donde se descubrió un megalaboratorio de cocaína, recibiendo la orden de salir de ahí sin tocar nada, por parte de sus inmediatos superiores. En su acusación, el uniformado apunta contra el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), José María Velasco, el viceministro de Defensa Social Jaime Mamani, y el director nacional de Umopar, Franco Jaime Arancibia, por haber suspendido el operativo antidroga.

"Podemos decir que el incremento a las denuncias de enero del 2022 al 31 de marzo del año en curso ha sido de 11.963 a diferencia del año 2021 que fue de 11.153 incrementándose en 810 casos más denunciados en la actualidad”, explicó la Directora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil.

Los últimos dos hechos se dieron en la ciudad de La Paz, referidos a las víctimas Valeria y Wilma, casos que continúan en investigación.

La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento en el que “expresa su preocupación ante esta determinación, razón por la que ha iniciado una investigación para garantizar el respeto de las garantías del debido proceso y el respeto a la libertad de expresión”.

El Fiscal se encuentra en celdas policiales a la espera de que el Ministerio Público determine su situación jurídica. Es acusado por los delitos de Cohecho Pasivo, Extorsión e Incumplimiento de Deberes.