Seguridad

Según la denuncia, una menor habría sido víctima de “toques  impúdicos” por parte de otros alumnos de una institución educativa ubicada en la zona de Villa Copacabana.

Celia Castedo Monasterio es investigada por supuestamente haber aprobado el plan de vuelo del Chapecoense sin los requisitos mínimos de seguridad, un cargo que ella niega. "Bolivia nunca pidió mi extradición, no respondió a Brasil. Soy libre en Bolivia, para donde regreso", afirmó.

Estas nuevas oficinas tienen la capacidad de albergar hasta 300 policías y se dispuso el incremento de efectivos policiales para realizar labores de patrullaje en la urbe.

Según el reporte preliminar, brindado la noche de este domingo por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, el megaoperativo se desarrolló en la carretera Cotoca – Paurito donde se desplazó una gran cantidad de agentes antidroga y efectivos policiales que tomaron por asalto esta instalación, que estaría implicada en presuntas actividades ligadas al narcotráfico.

Además, la autoridad jurisdiccional determinó detención preventiva para Juan Carlos S.P. abogado del menonita y de Alfredo N.R. exdirector del Hospital de Drogodependientes que emitió el certificado médico de problemas con las drogas que tenía Abram Peters.

El Secretario General de la Fiscalía General del Estado aclaró que el Ministerio Público cumple con los plazos que establece la normativa penal, procesal penal y acuerdos a nivel bilateral, por lo que la solicitud de extradición se presentó dentro del plazo e inclusive en un tiempo menor al que otorgó Brasil, que era de 40 días, mismos que vencen el 16 de marzo.

El Director de Gestión Fiscal, Supervisión y Evaluación de la Fiscalía General del Estado explicó que se advirtió un retraso en la celebración de los juicios orales donde se tiene que definir la situación jurídica de los 85 aprehendidos.

El juez fue aprehendido por la presunta comisión del delito de Prevaricato, Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes, Consorcio de Jueces y Abogados e Incumplimiento de Deberes, por presuntamente haber otorgado, de manera irregular, detención domiciliaria a una mujer que había sido sentenciada a 30 años de cárcel por los delitos de Organización Criminal, Secuestro y Asesinato con Agravante.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) investigará este caso por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, malversación, cohecho y beneficios en razón del cargo tras presuntamente recibir el 17% del total de la adjudicación.

Echeverría es la abogada defensora de una joven de 18 años, que hace tres años denunció a cinco varones —uno de ellos menor de edad— por violación grupal; luego del largo proceso, dos de los denunciados fueron sentenciados, uno a 20 años y otro a dos años por complicidad, los otros tres fueron absueltos.