Argentina
Redacción Oxígeno
30/01/2017 - 07:39

Macri acortó el tiempo para definir la expulsión de extranjeros

El presidente de Argentina modificó la Ley de Migraciones a través de un decreto que establece normas más estrictas para impedir el ingreso y permanencia de extranjeros.

El presidente de Argentina, Mauricio Macri.

Este lunes, el Gobierno de Argentina publicó a través de un Boletín Oficial los cambios que implementará a la Ley de Migraciones (N° 25.871), el principal objetivo es acortar el tiempo de trámite para definir la deportación de un extranjero con antecedentes penales, un proceso que hasta ahora duraba hasta 7 años.

El Decreto 70/2017, publicado en el Boletín Oficial de este lunes, fundamenta la medida en "recientes hechos de criminalidad organizada de público y notorio conocimiento" ante lo cual -agrega- "el Estado Nacional ha enfrentado severas dificultades para concretar órdenes de expulsión dictadas contra personas de nacionalidad extranjera, como consecuencia de un complejo procedimiento recursivo que, en algunos casos, puede llegar a 7 años de tramitación”.

Alginos cambios que resaltan:

1- Se establece una "regulación de condiciones más estrictas respecto de las causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros en el país cuando se encuentren alcanzados por condenas penales, cuenten con antecedentes relacionados con ilícitos, o hayan incurrido o participado en actividades ilícitas".

Uno de los impedimentos para el ingreso y permanencia que establece el inciso C del artículo 29 de la ley actual es "haber sido condenado o estar cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres años o más".

Ahora, el decreto determina que también es causa de para negar el ingreso tener un antecedente penal, es decir "un auto de procesamiento firme, el cierre de la investigación preparatoria o acto procesal equiparable". También se incluyen los delitos de tráfico de drogas, personas, armas, órganos y tejidos (incorporación nueva) lavado, inversiones ilícitas.

Además, se incluye la posibilidad de que el "no informar sobre procesos a extranjeros será causal de juicio político".

2- El decreto incorpora como causales de impedimento de ingreso omitir que se tiene antecedentes penales en el país de origen y tener antecedentes de haber participado de alguna organización de crimen organizado, como narcotráfico, trata, trafico de órganos (aunque no haya condena). Además, establece que "sólo con un informe que diga que la persona está en una red de terrorismo se podrá impedir el ingreso o tramitar la expulsión".

Se explica que esto se planteó porque las mafias de trata de personas aprovechaban vericuetos legales para evitar los procedimientos de expulsión. "Por ejemplo, lograban obtener la ciudadanía para la persona ingresada ilegalmente, por medio de gestores. Con esto frenaban los trámites de expulsión: tenían suficiente margen de tiempo por las demoras del proceso".

3- El decreto permite que un inmigrante que haya pagado para ser introducido en Argentina pueda pedir la residencia y evitar la expulsión; si colabora con la Justicia para dar con el traficante de personas. 

4- Si una persona es expulsada, no podía solicitar el reingreso en cinco años, con el nuevo decreto ese tiempo se extiende a ocho años por delitos dolosos y 5 años por delitos culposos.

5- Las personas que el momento estén realizando los trámites de residencia  deberán ajustarse a la nueva normativa y cumplir con los nuevos requisitos.

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