Entrevistada por la  Comisión de Mixta del Legislativo, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, ratificó que el Gobierno transitorio cometió “delitos de lesa humanidad” durante los operativos policiales- militares en Sacaba (Cochabamba), Senkata (El Alto), y otros lugares donde se registraron 37 muertes, 27 por impactos de bala, además de 861 personas heridas.

La autoridad defensorial, en el informe brindado a esta instancia legislativa titulado “Crisis de Estado. Vulneración a los Derechos Humanos entre octubre y diciembre de 2019”, afirmó que la entidad que dirige realizó un trabajo de seguimiento detallado a los conflictos desde el 21 de octubre hasta el 23 de noviembre del año pasado.

“La Defensoría del Pueblo no ha llegado al tema de saber, a establecer con nombres y apellidos, a todos los responsables; toda vez que, en el caso de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, hubo un manto de impunidad, un señalamiento de reserva, de confidencialidad. Es evidente que cuando hablamos de los 27 muertos en lesa humanidad y las otras 10 muertes que no se han esclarecido hasta el momento, especialmente las masacres ocurridas en Sacaba y Senkata, es responsabilidad de la presidenta (Jeanine Áñez), de los ministros de Gobierno y Defensa, a través de las operaciones conjuntas y como consecuencia de aquello; de los comandos generales de la Policía y las Fuerzas Armadas”, dijo.

“Se ha realizado también entrega de toda la información colectada, desde la codificación de la toma de testimonios, los informes o solicitudes de informes que hemos realizado al Estado, las respuestas obtenidas por parte del Estado. Hemos hecho una exposición sobre la violación a los Derechos Humanos, que hemos identificado como consecuencia del análisis de toda la información obtenida durante este periodo. Esperamos que la Comisión considere toda la información y sancione a los responsables”, sostuvo Cruz.

La defensora explicó a los miembros de la comisión legislativa que se establecieron 32 elementos que prueban que existió una vulneración flagrante a los Derechos Humanos durante los conflictos sociales suscitados tras las elecciones frustradas de octubre de 2019.

Aseguró que a 10 meses de los hechos ocurridos no existe avances en las investigaciones para identificar a los responsables intelectuales y materiales de estos “hechos de sangre”; además que, a pesar del cese de las movilizaciones sociales y bloqueos de caminos, las operaciones conjuntas policiales y militares, no se logró la paz y la armonía en el país “debido a la persecución a ultranza de opositores políticos; la violación sistemática de Derechos Humanos y el manto de impunidad sobre estas”.

Finalmente, la Comisión rechazó la excusa presentada por el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, y determinó iniciar un proceso penal por incumplimiento de deberes, tras su reiterada inasistencia para informar sobre los hechos de Sacaba y Senkata, a causa del recorrido del convoy de camiones cisternas de gasolina y diésel con destino a la ciudad de La Paz.