Política

La decisión fue adoptada con la aprobación de una resolución camaral propuesta por la senadora de la opositora Comunidad Ciudadana Cecilia Requena y apoyada por el ala evista del MAS y las bancadas de oposición.

La Comisión Mixta de Constitución, a través de un comunicado, informó que tomó la decisión debido a que su par de Justicia Plural “hasta el momento, no entregó las carpetas y ni las resoluciones del recurso de revisión, documentación que debe ser objeto de su tratamiento”.

Arce consideró que las autoridades electas deben responder a sus electores, como lo hacen los dirigentes de las organizaciones sociales con sus bases.

Por un lado, el embajador de Bolivia en la OEA, Héctor Arce, en su intervención ante el Concejo Permanente de ese organismo, afirmó que el país condena “en los términos más enérgicos y enfáticos”, la irrupción policial a la Embajada de México en Ecuador. Entretanto, el embajador en la ONU afirmó que el Estado Plurinacional estará “participando y acompañando” las iniciativas del país azteca.  

El Tribunal Octavo de Sentencia de Santa Cruz determinó que la audiencia por el caso decretazo se desarrolle de manera presencial, para lo que el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, debe ser trasladado del penal de Chonchocoro hasta Santa Cruz,

“Los dirigentes del sector Salud no deberían tenerle miedo a un examen médico que simplemente va a evaluar sus facultades y si esa persona cumple las facultades necesarias para seguir desarrollando su trabajo lo va a seguir realizando, pero si no, por supuesto que esa persona también tendrá que reflexionar sobre su estado de salud y priorizar su vida antes que el trabajo”, dijo el Viceministro de Pensiones y Servicios Financieros.

“Al respecto hago conocer a su autoridad, que mi persona como Vocal de Tribunal Supremo Electoral: que aún no he concluido el periodo de mis funciones; no he presentado ninguna Renuncia al cargo de Vocal, y no me encuentro con ninguna declaración de incapacidad absoluta permanente”, dice la carta dirigida al presidente del Estado, Luis Arce.

“Ante noticias sobre el deceso de transportistas de diésel y gasolina en Paraguay, YPFB se comunicó con las empresas contratistas de este sector para el cumplimiento de normas laborales, seguridad social, salubridad pública y seguros, ya que es estricta responsabilidad de estas compañías privadas velar por la integridad de sus trabajadores”, indica el comunicado de YPFB.

“Vamos a llevarla adelante en un lugar neutral, no se puede llevar ni en Santa Cruz ni en el Beni, tiene que ser en otro departamento, ya habíamos conversado con algunos de los equipos técnicos para iniciar esta primera reunión técnica que va a ser, calculamos, convocada esta semana y realizada la próxima semana”, explicó el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz.

El cuestionado proyecto de Ley 035 en su disposición adicional establece que los trabajadores, al cumplir 65 años de edad, deberán someterse a un examen médico físico y mental que determinará si están aptos para continuar trabajando.