Política

Ayer, lunes, los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) electos el 2024, a través de un video publicado en las redes sociales, se plantaron en contra de los magistrados “autoprorrogados” de esa institución y denunciaron que a través del “dominio” en Sala Plena y la Comisión de Admisión coartan la facultad de la ALP para cesarlos de sus respectivos cargos.

El acto de posesión se realizó la tarde de este martes. Marcelo Vladimir Fernández Quiroga es el nuevo gerente de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo y  Mario Walter Requena Pinto asume como director de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

El exsecretario ejecutivo de la COB fue aprehendido el lunes y luego imputado formalmente por la comisión del delito de enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencias y concusión, vinculados al denominado ‘caso coimas identificado dentro del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMyA) durante la gestión del exministro Juan Santos Cruz.

"Vengo a sumar, a dar mi granito de arena, a hacer crecer más Entel, (...). Es una empresa público-privada que tenemos que seguir trabajando para hacerle crecer mucho más", afirmó la flamante autoridad tras su posesión.

El comunicado llega después de que el abogado de la parte denunciante del ‘caso coimas’ dentro del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMyA), Abel Loma, revelara que el exsecretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, quien fue aprehendido el lunes, tiene un ingreso mensual de 24 mil bolivianos por “sueldos y salarios”, pero además recibiría una “renta de invalidez” cada mes.

Tras ser posesionado en el cargo de Ministro de Minería el lunes, Marco Antonio Calderón se reunió con las dirigencias de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman).

En criterio del defensor del Pueblo, Pedro Callisaya,, la propuesta surge frente a las múltiples quejas que llegan a diario a la institución defensorial que evidencian problemas graves de debido proceso, acceso a la justicia, discriminación, entre otros.

“Ya hemos conseguido cooperación. La primera parte es humanitaria, infraestructura no estamos hablando ahora. Se ha conseguido cerca de 380.000 dólares para disposición del Gobernador”, afirmó el Jefe de Estado a su llegada a Samaipata.

“(El Fiscal) resuelve imputar formalmente a Juan Carlos Huarachi Quispe por la comisión del delito de enriquecimiento ilícito, previsto y sancionado en el art. 27 de la Ley 004 y uso indebido de influencias y concusión, previsto y sancionado por los arts. 146 y 151 del Código Penal, como presunto autor en cuanto a su grado de participación criminal”, se lee en la resolución emitida.

“A partir de la vigencia del presente Decreto Supremo y en un plazo de hasta treinta (30) días calendario, los ministerios deberán iniciar el proceso de adecuación y emitir la Resolución Ministerial que apruebe su estructura organizacional, cuando corresponda, de conformidad a la presente norma”, señala el DS 4857.