Nacional

 “(...) Se concluye que corresponde conceder la solicitud de medida cautelar solicitada, disponiendo la inmediata suspensión del proceso de preselección de candidatas y candidatos (...) así como los plazos previstos en la convocatoria pública emitida para el efecto; hasta la resolución de la presente causa”, señala parte de la resolución de la Sala Constitucional Primera.

La tarde de este jueves, los maestros retomaron sus movilizaciones con el uso de petardos de “alto impacto” y en su intento de acercarse al Ministerio de Educación se enfrentaron a la policía. Producto de los hechos, habría al menos tres oficiales heridos, según el reporte del comandante departamental de la Policía, coronel Jhonny Chávez.

No obstante, la Fiscalía rechazó ampliar la querella contra el abogado Eduardo León, quien, junto a Fernando Camacho y Marco Pumari, había ingresado al Palacio Quemado, en noviembre de 2019, a dejar la “carta de renuncia” del entonces presidente Evo Morales.

Una comisión de la fiscalía especializada anticorrupción se trasladará hasta el penal de Chonchocoro, ubicado en el municipio de Viacha, para recibir a las 14:00 la declaración ampliatoria del actual Gobernador de Santa Cruz.

 “Sí, siguen; están subiendo los casos de resfríos. Aún no es una epidemia, por el momento estamos en estado de alerta. Se pide a la población que continúe con el uso del barbijo y del lavado de manos”, dijo, en contacto con La Razón, el responsable de Enfermedades Emergentes del Sedes La Paz.

El Presidente del Estado aseguró que se decidió trasladar el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación al de Planificación del Desarrollo para que realice un monitoreo de la calidad educativa.

Entretanto y tras romper  el diálogo con el Gobierno, los maestros urbanos continúan con movilizaciones en diferentes ciudades del país en demanda de cinco temas: el presupuesto para la educación; la suspensión de la implementación del currículo educativo; ítems de nueva creación; déficit histórico y realización del Congreso Educativo.

Los investigados son acusados por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, atentado contra el presidente y otros dignatarios de Estado, violencia política contra mujeres, racismo, discriminación, atentado contra la libertad de trabajo, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, asociación delictuosa y terrorismo.

La política de Estado fue oficializada este jueves por los ministros de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina; de Defensa, Edmundo Novillo; el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera; el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, entre otras autoridades, en acto desarrollado en la Casa Grande del Pueblo.

La Acción de Amparo Constitucional presentada por juristas independientes buscaba dejar sin efecto las decisiones del TSE y que sean exonerados de la obligación de transcribir a un formato digital las “1.5 millones de firmas recolectadas” para impulsar un referéndum para reformar la justicia.