Según fuentes consultadas por el periódico digital Oxígeno.bo, el procurador del Estado, Héctor Arce, ya está en los Países Bajos junto al agente y ex presidente de la República, Eduardo Rodríguez Veltzé.
La alegría del carnaval ya se vive en varias regiones del país. Ésta se expresa en diversas prácticas culturales. En la Sede de Gobierno, los festejos ya empezaron el 11 de enero con el desentierro del pepino. Y, el jueves se protagonizó la fiesta de Compadres. Los paceños tienen una agenda extensa para estas fiestas.
Los delitos que fundamentan la acusación son: Organización Criminal, Uso Indebido de Influencias, Concusión, Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado, entre otros.
Los ministerios de Justicia y Comunicación recoiendan a la población no exceder en el consumo de bebidas alcohólicas y a los jóvenes tener más responsabilidad sexual para evitar los embarazos no deseados en las fiestas de carnaval. Mientras en Santa Cruz, el Servicio Departamental de Salud (Sedes), repartirá 500 mil preservativos durante el corso carnavalero.
Tras concluir una reunión en palacio de gobierno hoy por la mañana, el Ministro de Autonomías, Hugo Siles, aseguró que los edecanes realizaran tares de seguridad ciudadana.
El trabajo "Tribus de la Inquisición" realizado por el periodista que trabaja actualmente en este periódico cruceño, narra sobre el linchamiento de un señor acusado por robar un camión.
Félix Patzi postulante a la gobernación de La Paz por SOL.BO aseguró que el dinero sale de su bolsillo y aportes de militantes. Elisabeth Reyes de Unidad Nacional (UN) gasta en material impreso y el Movimiento Al Socialismo (MAS) dice que todos sus postulantes tienen la obligación a aportar económicamente.
“Santa Cruz pasó de producir 91,04 millones a 102,57 millones de pollos parrilleros en 2014, aportando el 52,71% de los 194,60 millones producidos en Bolivia”, indica el documento de la CAO.
Los maestros aún se adecúan a la nueva evaluación académica que se tiene que realizar a los estudiantes. Algunos profesores se ven forzados a aprobar a los estudiantes porque temen ser procesados. La Ley de reforma educativa prevé que los profesores serán sometidos a un proceso administrativo si tienen más del 30% de aplazados.
