El Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de Tarija fijó la audiencia contra el imputado para este martes, pero fue postergada hasta el viernes. Morales se habría sometido a un examen médico el 12 de enero y se le habría ordenado “reposo absoluto por el término de cinco días”.
Carlos Mesa aseguró que todos los miembros del bloque opositor dejaron de lado sus aspiraciones políticas personales y aseveró que con Ballivián y Cuéllar ahora son seis los “precandidatos” de cara a las Elecciones Generales de este año.
La distribución de los casos atendidos muestra que la zona sur de La Paz fue la más afectada, con 218 incidentes, seguida por Cotahuma con 110, la zona periférica con 56, San Antonio con 42, el centro con 32, Max Paredes con 46, Hanpaturi con 7 y Mallasa con 10.
“Pese a un contexto económico adverso, tanto interno y externo, para este año hemos garantizado un presupuesto de más de Bs1.000 millones para cumplir con el pago de nuestros bonos sociales en favor del pueblo boliviano”, afirmó el presidente del Estado, Luis Arce.
La decisión se debe a que Morales no asistió a la audiencia y, mediante su defensa, alegó tener problemas de salud. La autoridad jurisdiccional ordenó que se realicen evaluaciones médicas al dirigente cocalero para corroborar su justificación.
El accionar se da el día en el que se desarrolla la audiencia de medidas cautelares por el caso de trata y tráfico de personas que se sigue contra Morales en el departamento de Tarija.
Según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), aquellas personas que no emitieron su voto se someten a una sanción de Bs 500 y durante 90 días después de los comicios no pueden realizar ningún trámite bancario, sacar o renovar pasaporte.
La disposición en cuestión autoriza a las autoridades a realizar decomisos y confiscaciones de productos: "con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos".
Las medidas de presión se dieron horas de que se realice este martes la audiencia contra el expresidente por el caso de trata de personas con agravante, debido a la relación que mantuvo con una menor de edad, informó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.
Horas antes, el gerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, informó que se propuso a los panificadores mantener el precio del “pan de batalla” a Bs 0,50 y prometió el abastecimiento al sector de harina, azúcar, manteca y levadura subvencionadas hasta en un 90% de su costo.
