En el cabildo del 13 de noviembre en Santa Cruz, cuando dieron por aceptado que el censo sea el 2024 y ya dejaban de lado su exigencia de censo en 2023, el gobernador Fernando Camacho y el cívico Rómulo Calvo hicieron aprobar a los concentrados la propuesta de “revisar la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano”.
“Hay un tiempo que se ha perdido, son más de 1.200 millones de dólares que el departamento ha perdido, y eso no puede quedar así", aseveró el Presidente del Estado.
La norma, que fue aprobada la madrugada del pasado sábado en la Cámara de Diputados y sancionada el martes por el Senado, consta de un artículo único y dos parágrafos, que ratifican, para 2024, la entrega de resultados de la encuesta nacional.
Horas antes, el jefe nacional del MAS, Evo Morales, había afirmado que la promulgación de la Ley del Censo es un “error histórico” del Gobierno y que posibilita el retorno de la “pactocracia neoliberal”.
El PGE 2023 proyecta que el presupuesto consolidado tenga un crecimiento del 3,8% (de 235.090 millones de bolivianos a 243.950) y el presupuesto consolidado un crecimiento del 4,3% (de 304.045 millones de bolivianos a 317.129)
Durante 2023 la entidad prevé cubrir el 96,78% del parque automotor en circulación con una cobertura de 1,6 millones de vehículos, cantidad que representa un crecimiento promedio de 6,36% respecto a las ventas correspondientes al SOAT 2022.
“Advertimos que detrás del retorno de la pactocracia neoliberal, se esconde el pacto de impunidad a cambio de gobernabilidad. El oportunismo y las ambiciones de unos cuantos han sometido a nuestro gobierno elegido con el 55.11% al control de las bancadas minoritarias de la derecha”, afirmó Morales.
El Presidente defendió la legalidad de la nueva norma, negó que fuera “una ley de la derecha” sino promovida por legisladores del MAS-IPSP y que permitió que el paro sea levantado luego de su aprobación en la Cámara de Diputados, el pasado 26 de noviembre.
