Política

En conferencia de prensa, el viceministro de Coordinación de la Gestión Pública, Julio Linares, enfatizó que “se analiza la forma de mejorar, de ninguna manera eliminar los bonos”.

Doria Medina aseveró que la empresa estatal “tiene que ser reorganizada de forma radical para evitar que se tuerza moralmente y que compita en términos comerciales con la empresa privada”.

“¿Hay todavía, no? Es porque todavía hay corrupción, estamos cambiando eso”, aseveró el Jefe de Estado después de presentar la “Comisión de la Verdad” que indagará los “hechos de corrupción, desfalco y robo en el sector energético”, específicamente el de hidrocarburos.

La resolución, aprobada con 139 votos a favor, 19 abstenciones y 12 en contra, respalda el fallo de la Corte Internacional de Justicia para garantizar el acceso de ayuda humanitaria, alimentos, atención médica y protección a la población civil en zonas de conflicto. Entre los 12 votos negativos, además de Bolivia, estuvieron Argentina, Estados Unidos, Israel y Hungría.

“El daño total de la corrupción en empresas públicas y plantas de industrialización es de 2595 millones de dólares”, aseveró el Ministro de la Presidencia. Especificó que los Gobierno de Evo Morales y Luis Arce crearon 67 empresas públicas, de las cuales solo 3 no son deficitarias.

Además, más de 60 postulantes obtuvieron puntajes menores a 50 sobre 100 y varios de ellos solo sacaron entre 10 y 20 puntos.

“Estos fondos permitirán impulsar iniciativas orientadas a la generación de empleo, la transición energética, la reducción de costos logísticos, la modernización institucional y el fortalecimiento del desarrollo social y urbano", informó el Banco de Desarrollo- FONPLATA.

El presidente Paz señaló que desde la nacionalización de los hidrocarburos, el 2006, la corrupción pasó de ejecutarse por empresas privadas a ser realizada directamente por el Estado y denunció que los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce se “robaron” hasta el 40% de los hidrocarburos subvencionados por el Estado.

La Cancillería ratificó que Arce es juzgado por su accionar como Ministro de Economía, durante el Gobierno de Evo Morales, y aseveró que su detención preventiva “fue adoptada conforme a la normativa vigente, garantizando las instancia de defensa y los derechos que asisten a toda persona sometida a investigación”.

Desde la mañana del domingo, la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral reinstaló su sesión permanente e inició la fase de evaluación de méritos, conocimientos y probidad dentro del proceso de selección, elección y designación de las y los vocales del TSE, que debe culminar el 18 de diciembre.