En esta etapa, el empadronamiento está dirigido a los jóvenes que ya hayan cumplido 18 años o que los cumplirán hasta el 22 de marzo de 2026, así como a las personas que hayan cambiado de domicilio. También podrán registrarse ciudadanos extranjeros con residencia legal en el país.
“Proyecto de convocatoria pública a postulantes para la selección, elección y designación de las y los vocales del Tribunal Supremo Electoral”, señala el punto dos de la orden del día de la sesión convocada para este miércoles 3 de diciembre.
En conferencia de prensa, el Ministro de Economía afirmó que la decisión del Banco Central de Bolivia (BCB) de publicar y actualizar diariamente el valor referencia del dólar ha “marcado un cambio en el mercado cambiario”; sin embargo, enfatizó que “eso no significa que el tipo de cambio se ha devaluado, ese se ha mantenido todavía”.
El viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, señaló que la subvención era lo que determinaba el precio unitario del pan, pero también permitía actividades ilícitas y que haya “mafias de corrupción” que están siendo investigadas por la Fiscalía.
“El Presidente ha dicho algo muy cierto, que la Gestora no tiene plata, se refería al pasado. El 95% de los recursos de la Gestora hoy en día se encuentra en papeles”, aseveró el ministro de Economía, Gabriel Espinoza.
“La línea del Presidente y el Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda es clara: BoA no se privatiza”, señaló el gerente de Boliviana de Aviación (BoA), Juan José Galvarro, a través de un comunicado difundido por la empresa.
“El pleno de la Cámara Alta sancionó por más de 2/3 el proyecto de Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Selección, Elección y Designación de Vocales del Tribunal Supremo Electoral. La norma será remitida al Órgano Ejecutivo para fines Constitucionales”, confirmó el Senado a través de sus cuentas en las redes sociales.
“Ayer dije algo que generó cierta molestia en exautoridades en relación a la Gestora. Pregunten si no estamos en juicio de arbitraje, a punto de perder”, señaló. Detalló que en un proceso de arbitraje el Estado perdería $us 94 millones de dólares y en otro $us 77 millones, aunque no especificó a que ex Administradoras de Fondos de Pensiones corresponde cada proceso.
