“Ayer dije algo que generó cierta molestia en exautoridades en relación a la Gestora. Pregunten si no estamos en juicio de arbitraje, a punto de perder”, señaló. Detalló que en un proceso de arbitraje el Estado perdería $us 94 millones de dólares y en otro $us 77 millones, aunque no especificó a que ex Administradoras de Fondos de Pensiones corresponde cada proceso.
En su última sesión, la Cámara Baja también aprobó Proyecto de Ley Transitorio de la Selección, Elección y Designación de Vocales del Tribunal Supremo Electoral, que regula de forma excepcional y temporal las etapas, requisitos, procedimientos y plazos para la designación de las nuevas autoridades electorales.
“Nosotros como Central Obrera Boliviana ya hemos hecho la petición de un informe del Estado financiero de la Gestora. Ayer se ha remitido la nota reiterando ese pedido de informe para que sepamos y podamos informar a los aportantes que en este momento vive una total susceptibilidad”, señaló el secretario general de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo.
El exgerente de la Gestora Pública, Jaime Durán, especificó que 50% de los recursos están invertidos en el sistema financiero, 35% en el sector estatal nacional correspondiente al Tesoro General de la Nación (TGN), 12% de los recursos en el sector privado y el restante 3% en el sector extranjero.
Las autoridades reprocharon la escasez particularmente de la marraqueta, ya que aseguraron que los insumos para producir el pan de batalla se redujo. En ese contexto, pidieron de mantener los precios ante una posible afectación al presupuesto de la canasta familiar.
En las últimas horas, la fiscal superior de Anticorrupción, Mirtha Mejía Salazar, informó que como Ministerio Público en coordinación con la Policía se ejecutaron operativos e investigaciones en distintas regionales de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro ante la detección de presuntas irregularidades en procesos internos, manejo de combustible y contrataciones públicas.
El Comandante General de la Policía instruyó al Director Nacional de Personal y al Subcomandante General realizar un análisis estructural para reducir al mínimo el número de efectivos destinados a funciones administrativas en todas las unidades del país.
La propuesta legislativa, que fue remitida al Senado para su tratamiento, debido a que se hicieron modificaciones, consta de 41 artículos y 5 disposiciones finales. Por ejemplo, se redujo el plazo de la fase de selección, de 45 a 15 días, con el objetivo de otorgar mayor celeridad y certidumbre al proceso.
Desde horas de la mañana, la Fiscalía activó el registro y allanamiento en distritos comerciales, distritos de redes de gas, oficinas administrativas y planta operativas de la estatal de los nueve departamentos.
“Nadie va a quedar impune, se acaba la impunidad. Tenemos una clara y firme convicción por la patria. Los corruptos tienen que responder por sus acciones y a la justicia”, afirmó el vicepresidente del Estado, Edman Lara.
