Según la resolución emitida por la institución, todas las trabajadoras y trabajadores bajo relación de dependencia deben recibir el beneficio, siempre que hayan cumplido al menos tres meses de trabajo continuo en la gestión. En el caso de obreros, basta con un mes calendario.
“Tenemos claro que hay que asegurar el pago de las jubilaciones. Están asegurados pensiones jubilaciones, seguros que dependen de la Gestora, se van a seguir pagando sin ningún problema”, aseveró el ministro de Economía. Esta mañana, el presidente Rodrigo Paz denunció que el anterior Gobierno se “gastó” los aportes existentes en la Gestora Pública y anunció una reorganización de la institución.
La resolución indica en su primer y principal punto que “a única instancia que puede preseleccionar a candidatos al Tribunal Suprema de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para su posterior elección y por voto popular”.
“Esta primera medida destinada a transparentar el mercado cambiario tiene como objetivo principal ofrecer información confiable y unificar el valor referencial del dólar para operaciones con el exterior que es el que, efectivamente, transan las EIF con sus clientes”, informó el BCB.
El exalcalde de La Paz señaló que su esposa está “más entusiasmada” de reactivar su programa de ‘Yo Soy Mi Primer Amor” y volver a organizar talleres gratuitos para prevenir la violencia.
El principal dirigente de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol) es acusado por los delitos de contratos lesivos al Estado, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, asociación delictuosa y uso indebido de bienes y servicios públicos.
El 2023, la Sala Constitucional Primera de La Paz declaró como inconstitucionales los artículos 3 y 4 de la Ley 1350, que regula los efectos de la censura en la Asamblea Legislativa y exhortó a la ALP a adecuar, en una nueva norma, los alcances de esa resolución constitucional.
Las Fiscalías Departamentales de La Paz y Cochabamba investigan dos casos por separado. En Senkata, se indaga un presunto acopio irregular de diésel; en la Llajta, el caso de un funcionario acusado de corrupción en procesos de licitación.
“No puede ser que exista una elevación del precio (del pan), hemos pedido haga todo el esfuerzo para mantener el precio y vamos a coadyuvar haciendo el control de manera intensiva”, aseveró la vocera de la Alcaldía alteña, Beatriz Zegarrundo.
