Política

El Vocero Presidencial dejó en claro que el Alcalde de Santa Cruz expresó su posición respecto a que el censo sea el 2023 y no el 2024, pero “entiende que primero hay que conocer cuál va a ser la hoja de ruta”.

Una de las resoluciones del COED La Paz, emitida el jueves, sugiere retrasar el inicio de las clases presenciales en el departamento de La Paz por una semana más en agosto, por existir una escalada de contagios de la Covid-19.

El 27 de julio, el Jefe de Estado y los alcaldes de las nueve ciudades capitales del país y El Alto acordaron la creación de una comisión técnica, liderada por el INE y el Ministerio de Planificación, para socializar el trabajo del proceso censal.

“El lunes 1 de agosto volvemos a las actividades educativas de manera presencial, acabo de terminar una reunión con los nueve directores departamentales, me han reportado, por ejemplo, de que el 100% casi, en la mayoría de los departamentos vuelven a la presencialidad”, aseveró el viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma.

No obstante y a pesar de la postura del Alcalde de la capital cruceña, el resto de las intuiciones que componen el Comité expresaron su apoyo a realizar un nuevo paro de actividades para exigir que el censo sea el 2023.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso peruano agendó para el lunes el tratamiento de la denuncia y hasta citó a testigos. Los denunciantes acusan al Presidente del Perú de "traición a la patria" por exponer la posibilidad de realizar una consulta  sobre una salida al mar de Bolivia por territorio peruano.

El aplazamiento del censo hasta el 2024 fue tomada el 12 de julio en la Comisión Nacional de Autonomías (CNA), presidida por el presidente Luis Arce y donde participaron ocho de los nueve gobernadores electos por el voto y la representación edil, también electa por el voto. La decisión la materializó el Gobierno a través del decreto 4760.

La Alcaldesa de El Alto formalizó una denuncia penal por los delitos de acoso y violencia política contra Gustavo Torrico, pues el Viceministro se refirió a ella como “loca” en un evento del Movimiento al Socialismo (MAS).

El Gobierno, a través del Ministro de Obras Públicas, desmintió lo dicho por Orlando Nogales, extrabajador de Aasana con supuestos títulos de propiedad de esas terminales aéreas.

La Alcaldesa de El Alto denunció penalmente al Viceministro de Coordinación Gubernamental por los delitos de violencia política y acoso político.