Política

Ayer, martes, el juez primero en lo penal de El Alto, Marco Amaru, se declaró competente para procesar en la vía ordinaria a la expresidenta Jeanine Áñez por el caso de la masacre de Senkata, ocurrida durante su Gobierno el 2019.

“Orgullosos de nuestras culturas, obsequiamos al hermano presidente Alberto Fernández con mucho cariño y fe un Ekeko, que para las y los bolivianos significa el Dios de la Abundancia. Invitamos a celebrar esta tradición para que se hagan realidad todos los sueños de nuestra Patria Grande”, escribió Arce en sus redes sociales.

“Cuando (los cívicos) le piden al pueblo boliviano que vaya el día de mañana (miércoles) a los cabildos y el pedido de amnistía a los presos políticos, le están pidiendo que esas personas, acusadas de graves violaciones de derechos humanos, de masacres en Sacaba y Senkata, sean amnistiados, eso es contrario al punto 10 del informe (del GIEI)", afirmó el ministro de Justicia, Iván Lima.

El juez primero en lo penal de El Alto, Marco Amaru, se declaró competente para juzgar a la expresidenta Añez por la vía ordinaria. la decisión se tomó en audiencia desarrollada este martes.

El Defensor del Pueblo afirmó hoy que, de las 10 recomendaciones, dos fueron cumplidas, dos están en proceso de cumplimiento y seis no fueron cumplidas. “En consecuencia, el resultado todavía es deficitario en cuanto al cumplimiento”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la denuncia del excívico Branko Marinkovic contra el Estado boliviano por una presunta campaña mediática de "desprestigio" y persecución judicial tras acusarlo de supuestamente intentar conformar una "célula terrorista".

“Nosotros hoy le pedimos al Ekeko que al margen de la abundancia material en comida, en víveres, que nos mande lluvia, porque estamos pasando momentos difíciles”, dijo el Alcalde de La Paz.

El titular de Justicia señaló que en el marco a las 36 recomendaciones emitidas por el GIEI se identificaron tres áreas de trabajo: atención a las víctimas, justicia para las víctimas y políticas públicas.

Los juristas que representan a la autoridad departamental presentaron el recurso debido a que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, difundió una imagen del Gobernador cruceño en la cárcel de Chonchocoro sin su autorización, lo que, según los juristas “afecta su derecho a la imagen y dignidad”.

"Hoy en Bolivia vemos el resurgir de este tipo de manifestaciones violentas, como las que recientemente culminaron con la quema de instituciones públicas y privadas en la ciudad de Santa Cruz e incluso torturas físicas a trabajadores del sector público”, denunció el Jefe de Estado.